Sigue hostigamiento contra Carlos Alberto y Avelino

Por Cándida Cotto Claridad Puerto Rico

English Translation follows Spanish

El Buró Federal de Prisiones (BFP) del gobierno de Estados Unidos continúa entorpeciendo la salida de la cárcel del prisionero político puertorriqueño Carlos Alberto Torres, mientras que se supone que este próximo martes 19 de enero, Torres tenga otra audiencia ante un oficial examinador de la Junta Federal de Libertad Bajo Palabra (JFLBP).

En una relación de hechos que coinciden y que parecen emanar de la responsabilidad del BFP el 9 de diciembre de 2009 las autoridades de la prisión FCI, Pekin, en Illinois clasificaron al puertorriqueño en un grupo de “alta seguridad”, alegadamente por su “asociación con el terrorismo doméstico”. Con esta acción, a Carlos Alberto se le negó tener acceso a comunicación mediante correo electrónico, lo que se les está permitiendo a otros confinados. Cuando Torres cuestionó por qué fue clasificado en ese grupo luego de 29 años de encarcelamiento y conducta ejemplar y que esto podía afectar la recomendación de una salida bajo palabra, no se le ofreció explicación alguna, mucho menos por escrito.

La licenciada Jan Susler, asesora legal del luchador puertorriqueño, reveló que éste se enteró de la próxima audiencia en días recientes luego que se lo comunicara un oficial de la prisión, quien le dijo que el 24 de noviembre de 2009 la JLBP informó a la prisión que deseaba tener otra audiencia para ver el asunto disciplinario.
La cadena de manejos de incidentes provocados por el BFP se remonta a diciembre de 2008 cuando las autoridades de la prisión trasladaron un grupo de diez prisioneros a la unidad donde estaba el boricua. En más de una ocasión Torres solicitó el traslado de dos de los ocupantes, petición que fue rechazada. El 14 de enero de 2009, dos días antes de que Torres tuviese una vista ante la JLBP, los oficiales de la prisión hicieron un registro en su unidad y alegaron haber encontrado una fisga en uno de los baños. Ante estos hechos la vista con la JLBP fue aplazada.

Aunque uno de los ocupantes de la unidad, de nombre Maurice Wilkins, se responsabilizó por la tenencia del arma y expresó que nadie más estaba implicado, el 22 de enero la oficialidad de la prisión determinó que tanto Torres como el resto de los presos eran culpables del conocimiento de la tenencia de armas. La determinación acarreó un castigo de 60 días en segregación, sin visitas, sin llamadas telefónicas, ni acceso a la comisaría, entre otras consecuencias. El 31 de enero, el preso Wilkins volvió a asumir la responsabilidad de los hechos mediante una declaración jurada. Bajo esta circunstancia, apoyada por una campaña de cartas dirigidas al BFP en donde se denunciaba el proceso y se exigía una nueva audiencia, en abril el director regional admitió que el proceso administrativo por el cual el puertorriqueño fue declarado culpable contuvo errores por lo que devolvía el informe del incidente a una revisión en la prisión. En mayo la oficialidad de la prisión contestó que el informe del incidente fue cancelado.

Finalmente, el 26 de mayo del 2009 se celebró la videoconferencia con el oficial examinador de la JLBP, quien recomendó que Carlos Alberto podía salir en libertad condicional en abril del 2010. Para esta fecha ya el luchador puertorriqueño habría cumplido exactamente 30 años de encarcelamiento. La determinación final sobre la recomendación del oficial examinador se supone que se diera en un plazo de 21 días. Pero una vez más, entre junio y julio, la oficialidad de la prisión sometió acusaciones falsas contra Carlos Alberto y lo sometió a nuevas vistas sobre los hechos reseñados. El 28 de julio la JLBP le comunicó que iba a posponer por 90 días su decisión en espera de la resolución de los cargos.
No conformes con lo anterior en septiembre (2009) un “oficial de inteligencia y traductor” de la prisión le informó al puertorriqueño que se habían recibido “órdenes de arriba” de que había que vigilar sus movimientos y que de ese momento en adelante su correspondencia en español iba a ser traducida fuera de la prisión proceso que tardara un mes.

De haberse dado la vista sin incidentes y la JLBP haber acogido la recomendación del oficial examinador, el luchador puertorriqueño se supone que tenía derecho a salir en octubre del 2009 a lo que se conoce como “media casa” y en abril de 2010 a estar fuera de prisión en libertad condicionada.

Ante la situación tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos se mantiene una campaña de envío de cartas al director del BFP, Harley G. Lappin para que cese el hostigamiento contra Carlos Alberto y se le retire la determinación de culpabilidad de su expediente y se comunique a la Junta de Libertad Bajo Palabra.

“En términos de derecho, en términos de justicia, si esas vistas no son pro forma, Carlos Alberto debería de salir en abril conforme a la recomendación del oficial examinador que vio su vista anterior. No hay justificación moral, ni política, ni sentido de justicia alguno que obligue a que permanezca preso”, reaccionó el Lcdo. Eduardo Villanueva, respecto a la audiencia pautada para este 19 de enero.
El portavoz del Comité Pro Derechos Humanos, que lleva la campaña a favor de la excarcelación de todos los prisioneros políticos puertorriqueños, observó que Carlos Alberto es uno de los presos políticos más antiguos de Occidente y el puertorriqueño que más años ha estado preso por razones políticas. Carlos Alberto Torres y Oscar Rivera fueron acusados del delito conceptual de conspiración sediciosa, por lo que Villanueva calificó de irracional la insistencia del Gobierno de Estados Unidos de mantener en prisión a los independentistas puertorriqueños.

Siguen negando atención médica a Avelino
Los familiares y amigos del prisionero político Avelino González Claudio, están a la expectativa de que tanto las autoridades del Centro Correccional de Suffield y la Universidad del Estado de Connecticut cumplan en las próximas dos semanas con una orden del tribunal para que González Claudio reciba atención médica de un neumólogo.

La salud del luchador independentista comenzó a afectarse a los pocos meses de haber sido trasladado a la cárcel en el estado de Connecticut, luego de su arresto en la Isla en febrero del 2008, tras casi 15 años en el clandestinaje. Juan González Pedrosa, uno de los hijos de Avelino, contó que visitó a su padre a principios de diciembre y es evidente que los síntomas de temblor y falta de coordinación en sus manos y en sus piernas han ido en progreso de una manera alarmante. Fue claro en que antes de estar en prisión su padre estaba en buenas condiciones de salud. En marzo del 2008 aparecieron los primeros síntomas junto con una condición de alta presión. Desde ese momento, tanto sus familiares, amigos y su representación legal han hecho todas las gestiones administrativas, campaña y envío de cartas para lograr que se le preste la atención médica especializada.

Como resultado de las gestiones - narró González- se descubrió que los médicos de las dos prisiones en las que ha estado su padre sí recomendaron el examen de un neumólogo pero la Junta Revisora del Plan Médico negó el servicio en tres ocasiones. Indicó que en Connecticut los servicios de salud de la población penal están privatizados mediante un contrato con la Universidad del Estado.

Debido a que en Connecticut no hay cárcel federal, González Claudio se encuentra en la institución de máxima seguridad de Suffield del citado estado. Las visitas y las llamadas telefónicas están limitadas a su familia inmediata. Juan González describió que su padre está muy delgado y que el temblor en las manos no le ha permitido por el momento ni contestar las numerosas cartas que le llegan. También advirtió que la prisión no permite que se le envíen donativos de manera directa, por lo que las personas interesadas en hacer alguna aportación pueden hacerlo al Comité Avelino González Claudio, Apartado 10363, San Juan, Puerto Rico, 00922.

Harassment of Carlos Alberto and Avelino continues
By C?ndida Cotto
January 13, 2010
http://claridadpuertorico.com

translated by Jan Susler

The Federal Bureau of Prisons (BOP) of the United 
States government continues to obstruct the 
parole of Puerto Rican political prisoner Carlos 
Alberto Torres, while Torres is supposedly set 
for a hearing with the U.S. Parole Commission?s 
(USPC) hearing examiner next Tuesday, January 19.
 
Several related, coinciding facts appear to be 
the responsibility of the BOP, including that on 
December 9, 2009, prison authorities at FCI 
Pekin, Illinois, classified the Puerto Rican in a 
?high security? group, allegedly for his 
?association with domestic terrorism.? As a 
result, Carlos Alberto was denied access to 
email, which all the other prisoners are being 
granted. When Torres asked why he was classified 
into this group after 29 years of prison and 
exemplary conduct, and that this could affect the 
recommendation for parole, he was offered no 
explanation, verbally or in writing.

Attorney Jan Susler, legal advisor to the Puerto 
Rican political prisoner, revealed that Carlos 
Alberto learned of his next parole hearing only 
recently, after a prison official told him that 
on November 24, the USPC had told the prison they 
wanted to convene another hearing to address the disciplinary issue.

The chain of tactics of provocative incidents by 
the BOP dates back to December of 2008, when 
prison authorities moved a group of ten prisoners 
to Torres? unit. On more than one occasion, 
Torres asked that two of the cellmates be moved, 
but his request was denied. On January 14, 2009, 
two days before Torres was scheduled for a parole 
hearing, prison officials searched his unit and 
claimed to have found a shank in one of the 
bathrooms. This resulted in postponing the parole hearing.

Although one of the prisoners in the unit, 
Maurice Wilkins, took responsibility for 
possession of the shank and said that no one else 
was responsible, on January 22, prison officials 
found Torres and the rest of the prisoners guilty 
of knowing about the shanks, a finding resulting 
in a punishment of 60 days in segregation, no 
visits, no phone calls, no access to the 
commissary, among other restrictions. On January 
31, Wilkins again assumed responsibility, this 
time in a sworn statement. Due to this, and the 
support of a campaign of letters sent to the BOP 
denouncing the process and demanding a new 
hearing, in April the regional director admitted 
that there had been errors in the process, and 
sent the incident report back to the prison to be 
revised. In May, prison officials responded that 
the incident report had been dismissed.
 
Finally, the parole hearing was held on May 26, 
2009, via video conference with the USPC hearing 
examiner, who recommended that Carlos Alberto be 
paroled in April of 2010. Carlos Alberto will 
have served exactly 30 years of prison on the 
targeted date. The final decision, whether to 
adopt the hearing examiner?s recommendation, was 
to take place within 21 days. But once again, 
between June and July, prison officials made 
false accusations against Carlos Alberto, and 
subjected him to a new hearing. On July 28, the 
USPC informed him they would postpone their 
decision for 90 days, pending the resolution of the disciplinary charges.

Not satisfied with this result, in September 
(2009) a prison ?intelligence officer and 
translator? told Carlos Alberto that they had 
received ?orders from above? that they were to 
monitor his movements, and that in the future his 
correspondence in Spanish was to be translated 
outside the prison, which could delay his mail for a month.
 
If he had gone to the hearing without incident, 
and the USPC had adopted the recommendation of 
the hearing officer, Carlos Alberto would have 
had the right to be released in October of 2009, 
to what is known as a ?halfway house,? and in 
April of 2010 to be released on parole.
 
As a result of the situation, a campaign is being 
waged in Puerto Rico as well as in the United 
States, sending letters to BOP director Harley G. 
Lappin, to stop harassing Carlos Alberto, to 
expunge the finding of guilt from his file, and 
to inform the parole commission he has done so.
 
?In terms of law, in terms of justice, if these 
hearings are not pro forma, Carlos Alberto should 
be paroled in April, in conformity with the 
recommendation of the hearing examiner who 
presided over the previous hearing. Under no 
moral or political justification, under no sense 
of justice, should he remain in prison,? 
responded attorney Eduardo Villanueva, concerning 
the hearing set for January 19.

The spokesperson for the Human Rights Committee, 
which wages the campaign for the release of all 
Puerto Rican political prisoners, observed that 
Carlos Alberto is one of the longest held 
political prisoners in the West, and the longest 
held Puerto Rican in prison for political reasons.
Carlos Alberto Torres and Oscar Rivera were 
accused of the conceptual offense of seditious 
conspiracy, and Villanueva called irrational the 
United States government?s insistence on keeping 
the Puerto Rican independentistas in prison.

Avelino still being denied medical attention
Family and friends of political prisoner Avelino 
Gonz?lez Claudio are hoping that the authorities 
of Suffield Correctional Center and the State 
University of Connecticut comply in the next two 
weeks with a court order that Gonz?lez Claudio 
receive medical attention from a specialist.
 
The health of this independentista fighter began 
to be affected a few months after being moved to 
the prison in the state of Connecticut, following 
his arrest on the Island in February of 2008, 
after almost 15 years in clandestinity. Juan 
Gonz?lez Pedrosa, one of Avelino?s sons, said 
that he visited his father in early December, and 
that the symptoms of trembling and lack of 
coordination in his hands and legs have 
progressed at an alarming rate. It was clear that 
before being in prison, his father was in good 
health. In March of 2008, the first symptoms 
began, along with a condition of high blood 
pressure. From that moment, his family, friends 
and attorneys have made effort administratively, 
and with a letter writing campaign, to get him 
the specialized medical attention he needs.

As a result of these efforts, Gonz?lez reported, 
they learned that doctors from the two prisons 
where his father has been recommended that he be 
seen by a specialist, but the Medical Plan 
Advisory Board refused service on three 
occasions. He stated that in Connecticut, the 
prison population?s health services are 
privatized, with a contract with the State University.
 
Because there is no federal prison in 
Connecticut, Gonz?lez Claudio is held in the 
maximum security institution at Suffield, CT. 
Visits and telephone calls are limited to 
immediate family. Juan Gonz?lez described his 
father as very thin, and that the trembling in 
his hands has for the moment not allowed him to 
respond to the many letters he receives. He also 
warned that the prison does not allow people to 
send him money directly. Anyone interested in 
making a contribution can do so with the Avelino 
Gonz?lez Committee, Apartado 10363, San Juan, Puerto Rico, 00922.